Reporte revela cumplimiento de un 32% de los compromisos del Gobierno en pesca artesanal, acuicultura y desarrollo costero

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Portal Agro Chile | Grupo Prensa Digital | F.M

julio 3, 2025

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El Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) analizó el nivel de cumplimiento de los 44 compromisos del actual Gobierno. Entre los avances destacan iniciativas vinculadas a la nueva ley SBAP, la Ley Bentónica, Ley de fraccionamiento, equidad de género y actividades conexas. En tanto, la mayoría de los compromisos se encuentran en proceso (64%), relacionados con la discusión del proyecto de una nueva Ley de Pesca, la regulación de desaladoras y de concesiones en el borde costero.

A solo ocho meses de que termine el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric, el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) dio a conocer el Reporte de Cumplimiento 2025 – Compromisos Presidente Gabriel Boric (2022-2026) en Pesca Artesanal, Acuicultura y Desarrollo Costero. El estudio analizó el nivel de cumplimiento de 44 compromisos presidenciales, correspondientes al periodo marzo 2022 – junio 2025, extraídos del programa de gobierno y acuerdo programático, de las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, y de otros documentos de política pública relevantes como los compromisos adquiridos con organizaciones de pescadores artesanales en junio de 2022.

“Este estudio busca generar un instrumento de revisión de compromisos programáticos y un mecanismo de priorización y seguimiento de la agenda de política pública pesquera, acuícola y costera. También, contribuir a identificar las oportunidades donde el conocimiento pueda informar a la elaboración de instrumentos regulatorios asociados a los diferentes compromisos”, apunta Francisca Reyes, académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC e investigadora del Instituto Milenio SECOS, donde coordina la Unidad de Ciencia y Políticas Públicas.

Además, Reyes agrega que “poco más de un tercio de los compromisos es posible evaluarlos como cumplidos, pero más de la mitad de los compromisos se encuentran en proceso de desarrollo, varios de los cuales están asociados a la discusión del nuevo proyecto de ley general de pesca, lo que una vez más enfatiza la importancia de traspasar el testimonio de la política pública entre administraciones de forma seria y coherente.”

Para seleccionar los compromisos de relevancia se revisó el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric (2022-2026), sus cuentas públicas anuales y en documentos de política pública comprometidos por el gobierno en las materias mencionadas, para luego ser clasificados en 9 categorías para facilitar su análisis: desarrollo socioeconómico; Institucionalidad y regulación; Sustentabilidad: Calidad y disponibilidad del recurso/Protección de la biodiversidad; Cambio climático; Infraestructura; Gestión y manejo de recursos hidrobiológicos; Desarrollo social y género; Investigación y desarrollo científico; Turismo.

Del total de los 44 compromisos registrados, 14 se encuentran cumplidos (32%), 28 en proceso (64%) y 2 (4%) no registran avances. En institucionalidad y regulación durante este periodo se identificaron 19 compromisos, de los cuales 9 han sido cumplidos, 8 se encuentran en proceso y 2 sin avance. Entre los que destacan como acabados se encuentra el haber presentado el proyecto de Nueva Ley General de Pesca (NLGP), construido a partir de un proceso participativo (“Encuentros por la pesca”), con el cual se busca canalizar varios de los compromisos suscritos. Entre ellos, la modificación de las cuotas de captura, abordado en dicho proyecto y luego en su posterior escisión en el proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento de cuotas de captura entre el sector pesquero artesanal e industrial (boletín 17096-21). También, en este periodo, se logró la promulgación de cuerpos regulatorios de larga tramitación, como la Ley SBAP (21.600) y la Ley Bentónica (21.651), comprometidos en su programa de gobierno y en los acuerdos suscritos con las organizaciones de pescadores artesanales, respectivamente.

En términos de cumplimiento de compromisos en materia de política exterior destaca la elaboración de la Política Exterior Turquesa (PET) y la ratificación del Acuerdo de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (Tratado BBNJ). A ello se suma la publicación del Programa Oceánico Nacional, como un instrumento de política que operativiza y da continuidad a los objetivos fijados en la Política Oceánica Nacional (PON).En este periodo también se destaca en el reporte, los esfuerzos realizados para fortalecer la equidad de género en el sector pesquero artesanal, mejorar las condiciones laborales e impulsar la participación de los distintos actores del sector. Así, destacan la promulgación de las leyes n°21.698 y n°21.709, que establecen el enfoque de género en la administración de caletas y en la designación de representantes en Comités de Manejo, respectivamente, junto con la creación del Registro de Actividades Conexas (RAC), como parte de la implementación de la Ley n°21.370 que promueve la equidad de género en el sector pesquero y acuícola, aprobada en 2021, durante la segunda administración del Pdte. Piñera (2018-2022).

A nivel de gestión, se revela la firma de un convenio entre INDESPA y FOSIS orientado a reducir brechas de género y potenciar emprendimientos vinculados a la gastronomía, turismo, artesanía y transformación de productos del mar. También la presentación del proyecto de ley que crea el contrato de buzo y de actividades conexas (boletín 17005-13), que busca modificar el Código del Trabajo para incorporar una regulación al contrato de trabajo de buceo y actividades conexas, incluyendo aspectos como la seguridad ocupacional, las labores subacuáticas y las normativas aplicables a las condiciones de trabajo.

Traspaso de tareas entre administraciones

El reporte también señala que dado que 28 de los 44 compromisos adquiridos al inicio de este periodo presidencial, siguen “en proceso”, el traspaso de testimonio debe asumirse no como un cierre, sino como un momento clave para proyectar aprendizajes, revisar lo avanzado y comprometer la necesaria actualización, pero también la continuidad de parte importante de las acciones en curso.

“Existen condiciones habilitantes que el próximo gobierno debe aprovechar: normativas ya promulgadas, procesos participativos ya iniciados, redes regionales activas, comunidades organizadas, e instrumentos internacionales que respaldan el giro hacia una gestión más justa y sustentable. El llamado que se desprende de este reporte no es solo a dar seguimiento a los compromisos en proceso de desarrollo, sino a asumir el desafío estructural de construir una visión de país oceánico y costero, donde la pesca artesanal, la acuicultura de pequeña escala y los territorios litorales sean pilares de bienestar colectivo, sostenibilidad ecológica y justicia social”, señala Reyes.

En materia de institucionalidad y regulación, el compromiso que se encuentra en proceso es el ajuste del reglamento de la Ley N° 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) cuyos avances a la fecha incluyen la publicación de la Resolución Exenta N° 2456-2024 que establece las “Instrucciones Internas para la Tramitación de Solicitudes de Establecimiento de ECMPO, de conformidad con la Ley Lafkenche N° 20.249 y su reglamento”, pero que no implicó el ajuste en el reglamento de la ley en sí; la implementación efectiva del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y la aprobación de las 37 nuevas áreas protegidas aprobadas en esta administración, de las cuales 9 corresponden a ecosistemas marinos –entre ellas, Mar de Pisagua, Golfo de Tic Toc-Corcovado y Archipiélago Humboldt.

Finalmente, en relación con los compromisos en materia de infraestructura, se destaca la continuidad de la política de construcción y mejoramiento de caletas y bordes costeros. Por ejemplo, de las 17 caletas comprometidas en la Cuenta Pública de 2022, actualmente se registran 9 obras terminadas, 4 en ejecución, 2 en licitación y 2 en proceso de licitación y obtención de Recomendación Favorable (RS) del Sistema Nacional de Inversiones. Asimismo, se releva la continuidad asumida por esta administración respecto de 9 obras de construcción y mejoramiento de caletas heredadas del segundo gobierno del presidente Piñera que fueron terminadas.

A la fecha de cierre de este reporte no se registran avances en el compromiso de presentar un proyecto de ley para restringir la minería submarina en el país. Este último representa un desafío ineludible ya que a nivel internacional es un tema activamente presente en la agenda de organismos de los que el país forma parte, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y que además se vincula con la coherencia de los objetivos de la PON y con la candidatura impulsada por Chile para que Valparaíso sea la sede de la secretaría técnica del Tratado BBNJ. Por otro lado, en materia de investigación y desarrollo científico, consignamos que, si bien durante esta administración (2022-2025) ha aumentado el presupuesto del Ministerio CTCI en un 24,3% este incremento aún se encuentra lejos de cumplir con el compromiso presidencial de duplicarlo para llegar al 1% del PIB.

Información complementaria: Trayectoria de los compromisos presidenciales.

Desde el inicio del mandato del presidente Boric, se han identificado 44 compromisos en los ámbitos de pesca artesanal, acuicultura de pequeña escala y desarrollo costero.

Institucionalidad y regulación (19 compromisos): destacan la formulación participativa del proyecto de nueva Ley General de Pesca (boletín 16.500-21), la promulgación e implementación de la Ley SBAP (N° 21.600) y la adopción de la Política Exterior Turquesa (PET). También se incluyen compromisos de gestión acordados con organizaciones de pescadores, como el diseño de un sistema para reemplazar vacantes por caducidades en pesquerías y normas para capturas acotadas de salmón Chinook por la pesca artesanal.
Género y desarrollo social (5 compromisos): incluyen la implementación de la Ley N° 21.370 sobre equidad de género, la modificación de reglamentos de participación impulsados por SUBPESCA, y el desarrollo del Registro de Actividades Conexas (RAC).
Desarrollo socioeconómico (4 compromisos): Se incluyen medidas para fortalecer el rol de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala en la seguridad alimentaria, como su incorporación en la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria (ENSSA), la promoción del repoblamiento de algas, la reformulación de los instrumentos de fomento de INDESPA y el apoyo a cooperativas para su participación en cadenas de comercialización.
Investigación y desarrollo científico (4 compromisos): Destacan la creación de un Sistema Integrado de Observación del Océano, el fortalecimiento de la investigación pesquera y oceánica, el impulso a la transferencia tecnológica a través de INDESPA, y el compromiso de aumentar el presupuesto público en CTCI hasta alcanzar el 1% del PIB.
Infraestructura (4 compromisos): Se prioriza el mejoramiento del borde costero frente a eventos extremos, la implementación progresiva de la Ley de Caletas, el avance en obras comprometidas (con 9 terminadas y otras en ejecución o licitación), y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y comercial para la pesca artesanal.
Gestión de recursos hidrobiológicos y sustentabilidad (3 compromisos en cada eje): incluyen la actualización de la Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales, la revisión del ciclo de manejo de anchoveta y sardina, la trazabilidad de actividades productivas, y el fortalecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Cambio climático (2 compromisos): apuntan al fortalecimiento de políticas y estrategias de adaptación al cambio climático a través de la protección de biodiversidad y la creación de una Red Nacional de AMP, como estrategias de adaptación al cambio climático.