En el día de la entrada en vigencia de la Ley 21.659, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA) advirtió que el nuevo marco regulatorio parte sin dos herramientas clave para una transición operativa viable: la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada y la habilitación de cursos telemáticos asincrónicos que permitan acelerar la formación y acreditación del personal en todo el país.
Santiago, noviembre 2025. Para ASEVA, la nueva ley constituye un avance importante en la modernización del sector, pero su implementación arranca con brechas que pueden afectar la capacidad operativa del sistema. Una de las principales ausencias es la Superintendencia de Seguridad Privada, una institución técnica y autónoma que permita ordenar un mercado altamente regulado, reducir la actual fragmentación administrativa y asegurar una fiscalización coherente.
La segunda deuda inmediata es la habilitación de cursos telemáticos asincrónicos, necesarios para aumentar la capacidad de formación y evaluación frente a la demanda que impone la nueva normativa. Para el gremio, el modelo actual sigue siendo demasiado rígido y no responde al ritmo operativo del sector.
Aldo Vidal, vocero de ASEVA, enfatizó la urgencia de ajustes prácticos. “La transición sólo será viable si avanzamos en procesos más ágiles y realistas que permitan ampliar la capacidad de formación y evaluación sin comprometer la calidad. También es fundamental fortalecer las herramientas para verificar la idoneidad del personal y avanzar hacia una institucionalidad más robusta que garantice regulación coherente y fiscalización efectiva.”
ASEVA valora el contar con una Ley de Seguridad Privada, después de muchos años, pero ha insistido en la necesidad de incorporar estas medidas en instancias formales, señalando que ambas forman parte de sus propuestas oficiales, junto con modernizar la arquitectura regulatoria para reducir trámites, establecer un régimen laboral especial acorde con la naturaleza continua del servicio y avanzar hacia un modelo regulatorio basado en riesgos y orientado a la continuidad operativa.
Equipo Prensa
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