La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a la madera y sus derivados, que comenzó a regir este 14 de octubre con tasas de 10% para la madera blanda y aserrada y 25% para las manufacturas, ha encendido todas las alarmas en el sector forestal chileno. Las proyecciones de que estas tasas podrían escalar a 30% y 50% en enero de 2026, respectivamente, si no se alcanza un acuerdo, añaden una capa de incertidumbre que el rubro, y especialmente sus actores más pequeños, no pueden permitirse.
La discusión pública se ha centrado comprensiblemente en las cifras macroeconómicas y en la posición de los grandes conglomerados. Sin embargo, este enfoque tiene un punto ciego crucial: las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Estados Unidos es el segundo destino más importante para nuestras exportaciones forestales, representando el 18,4% de los envíos totales, equivalentes a más de US$ 1.060 millones en 2024. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) estima que el 97,9% de estas exportaciones se verá afectado. Si bien compañías diversificadas como CMPC y Arauco pueden mitigar el golpe, en parte por tener operaciones en el país norteamericano, las PYMES carecen de esa capacidad de absorción.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) ha sido categórico: «Las empresas que marginan más de 10%, que le recorten un 10%, es muchísimo en proporción al margen». Esto significa que, para muchas PYMES que operan con márgenes estrechos, absorber este arancel es inviable. En los últimos cinco años, el sector ya ha visto el cierre de 169 aserraderos, un síntoma de una crisis estructural que los aranceles acelerarán.
Esta nueva dificultad llega en el peor momento. El sector forestal ya está gravemente condicionado por la violencia rural, el robo de madera, los incendios y el alza de costos laborales y energéticos. Esta combinación de factores, sumada a la contracción de la demanda interna, crea una «tormenta perfecta» para el pequeño y mediano empresario.
El impacto de los aranceles no se limita a una caída en los balances; es profundamente social y territorial. La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) ha advertido que esta medida afectará directamente el empleo, un problema que ya suma cerca de 3.500 puestos de trabajo perdidos en la última década y la desaparición de más de 50 contratistas. Para muchas comunidades, la subsistencia depende de estos pequeños y medianos actores.
Corremos el riesgo de enfrentar un «caso Huachipato» en el sector forestal si ignoramos a las PYMES. Si no se visibilizan sus dificultades y no se diseñan medidas específicas de apoyo, podríamos ver cierres masivos y la desaparición de proveedores locales.
Frente a este escenario, la respuesta debe ser bifocal:
- Diplomacia Fuerte y Estratégica: Debemos perseverar en las negociaciones bilaterales. Es clave recordar que nuestros productos son complementarios a los estadounidenses y provienen de bosques manejados de manera sustentable. El Gobierno ha instalado una mesa de trabajo liderada por Cancillería, un paso necesario para coordinar una respuesta diplomática ágil.
- Medidas para Estimular Nuevas Inversiones, Crecimiento y Reducir la Burocracia: La diplomacia no basta. Se requiere un entorno económico interno que impulse la actividad y fortalezca a las PYMES para que puedan diversificar y resistir el shock externo.
- Estímulo a la Inversión: Se deben implementar mecanismos claros para facilitar el acceso a capital para las PYMES, permitiéndoles modernizar procesos, diversificar su base productiva y buscar nuevos mercados internacionales.
- Reducción de la Burocracia: La tramitación de proyectos y permisos no puede seguir demorando años. Es urgente reducir la «permisología» que asfixia a los emprendedores, liberando recursos y tiempo para que las PYMES se enfoquen en su competitividad, tal como se está trabajando con iniciativas como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la plataforma Super.
- Fomento del Uso Interno: Impulsar el crecimiento del sector en el mercado nacional es vital, tal como se ha propuesto con el fomento del uso de madera en la construcción. Esto genera la masa crítica necesaria para invertir y crea empleo local.
La crisis arancelaria es una oportunidad, aunque dolorosa, para repensar el modelo forestal. Es hora de dejar de ignorar a las PYMES, de fortalecer su resiliencia mediante un entorno pro-inversión y libre de trabas burocráticas, y de garantizar que la voz de los pequeños y medianos productores sea escuchada en cada mesa de negociación. Sanar el sector desde su base es el primer paso para convertir esta amenaza en una oportunidad de desarrollo con legitimidad social y territorial.
Ignacio Vera Izquierdo, Gerente General de Forestal Santa Blanca
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
