La recuperación de suelos contaminados en Chile se posiciona como una oportunidad estratégica para impulsar la sostenibilidad en sectores clave como la agricultura, la infraestructura y el desarrollo inmobiliario. Frente a la ausencia de una Ley Marco, expertos llaman a adoptar enfoques técnicos integrales que transformen pasivos ambientales en activos territoriales, habilitando nuevos usos productivos y fortaleciendo la legitimidad social.

Chile enfrenta un punto de inflexión en el uso de su territorio. Sectores como la agricultura, la infraestructura y el desarrollo inmobiliario deben avanzar hacia la sostenibilidad abordando pasivos ambientales heredados, especialmente suelos contaminados por actividades industriales o extractivas. Lo que a menudo se percibe como un obstáculo es, en realidad, una oportunidad estratégica para la recuperación y la reconversión territorial.

En Chile hay más de 10.000 suelos con potencial presencia de contaminantes según el Catastro SPPC del Ministerio del Medio Ambiente 2022, y casi un tercio de ellos están abandonados y sin responsables para su remediación. La contaminación puede deberse a metales pesados, compuestos orgánicos o excesos de nutrientes que se tornan tóxicos. La remediación de estos terrenos reduce riesgos sanitarios y legales y habilita nuevos usos productivos, agrícolas y habitacionales, fortaleciendo la legitimidad social y la posibilidad de financiamiento. “La recuperación de suelos es una inversión para la sostenibilidad futura del país”, afirma José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental.

La ausencia de una Ley Marco de Suelos obliga a recurrir a normas parciales y a estándares internacionales. El Decreto Supremo 148 de 2003, orientado al manejo de residuos, trata al suelo como residuo, enfoque que especialistas consideran insuficiente para una gestión integral del territorio. Más allá de fijar valores estándar, la normativa nacional debería ser proactiva y orientadora: exigir y usar Modelos Conceptuales de Sitio (MCS) como herramienta central para diseñar alternativas de intervención específicas por sitio. Así la regulación podrá definir rutas técnicas claras que protejan la salud humana y el medio ambiente y prioricen soluciones acordes al uso futuro y al riesgo real del terreno.

Técnicas, evidencia y reconversión territorial

Las soluciones disponibles incluyen métodos fisicoquímicos, bioremediación y fitorremediación, además de tecnologías como extracción de vapor de suelo, solidificación y estabilización, e inyección de biosurfactantes. “Estas técnicas están generando líneas de evidencia que permiten evaluar el avance del saneamiento de un sitio hasta alcanzar condiciones que no representen riesgo para la salud pública ni el medio ambiente. Aplicadas con criterios basados en MCS y seguimiento por líneas de evidencia, estas intervenciones transforman pasivos ambientales en activos territoriales, recuperando espacios para agricultura, vivienda e infraestructura pública”, explica Bellalta.

La remediación de terrenos industriales abandonados puede ser parte de la solución a la crisis habitacional en ciudades con alta presión por suelo urbano como Antofagasta, Copiapó o Coronel. La proliferación de asentamientos informales agrava la contaminación del suelo por la falta de servicios sanitarios básicos; su recuperación requerirá enfoques técnicos y sociales similares a los usados en sitios industriales. La legitimidad social se construye con transparencia, participación temprana y trazabilidad técnica de cada intervención.

Sostenibilidad, eficiencia energética y beneficio ambiental neto

La recuperación de suelos aporta a la salud pública y a la seguridad alimentaria. Para maximizar el beneficio ambiental neto conviene priorizar tecnologías de bajo impacto energético y procesos que minimicen la generación de residuos secundarios. Incluir criterios de eficiencia energética y huella ambiental en los protocolos de remediación reduce la carga ambiental de las intervenciones y contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre producción y consumo responsables, además de mejorar la aceptación social y la viabilidad financiera de los proyectos.

La aprobación de una Ley Marco de Suelos que integre Modelos Conceptuales de Sitio, metas técnicas defendibles, protocolos de seguimiento por líneas de evidencia y requisitos de eficiencia energética es clave para orientar la protección de la salud y el medio ambiente. Con voluntad política, innovación tecnológica y compromiso social, Chile puede consolidarse como referente en la gestión responsable de su territorio, transformando desafíos ambientales en oportunidades de inversión, bienestar y desarrollo territorial sostenible, concluye Bellalta.

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Equipo Prensa
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