A un año de la aprobación de la nueva Ley Antiterrorista, Chile aún enfrenta un escenario de dudas respecto a su aplicación práctica. La calificación de un acto terrorista no depende únicamente del Gobierno de turno, sino también del Ministerio Público, lo que en teoría debería fortalecer la objetividad y garantizar que estos hechos se aborden desde un enfoque técnico y jurídico, más allá de consideraciones políticas o coyunturales.
Sin embargo, la implementación de esta ley sigue incompleta. Hasta hoy, no se ha conocido el diseño de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, exigida expresamente en el artículo 21. Dicho instrumento debiera orientar la prevención, detección, persecución y sanción de conductas terroristas, estableciendo lineamientos claros de coordinación interinstitucional y medidas efectivas de seguridad interior. Su ausencia representa una brecha que debilita la coherencia y el impacto del marco legal.
La nueva normativa fue concebida para modernizar el enfoque del Estado frente a las amenazas terroristas, incorporando herramientas más precisas y sanciones proporcionales. Contempla la penalización de la asociación terrorista, incluso antes de la comisión de delitos específicos, y sanciona con distintas penas a jefes, fundadores, reclutadores, entrenadores y miembros de tales organizaciones, además de quienes financien o difundan mensajes y consignas que inciten al terrorismo. También aborda la figura del actor individual o “lobo solitario”, reconociendo nuevas formas de radicalización y violencia que operan fuera de estructuras jerárquicas tradicionales.
No obstante, toda ley requiere más que su simple promulgación para ser efectiva. Su aplicación debe sustentarse en una política pública integral, una estrategia nacional conocida y evaluable, y un compromiso interinstitucional sostenido. La amenaza terrorista —por su naturaleza difusa y cambiante— demanda un Estado preparado, con mecanismos de inteligencia, coordinación y prevención que hoy, lamentablemente, aún no se evidencian con la claridad necesaria.
La legislación existe. Falta ahora la voluntad y la articulación para que su espíritu se materialice en resultados concretos y en mayor seguridad para todos quienes vivimos en el sur de nuestro país.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
