El sector forestal observa con preocupación el escenario que se proyecta para los próximos años. El balance nacional de la temporada 2023–2024 registra 73.841 hectáreas quemadas, de las cuales 58.965 figuran en la categoría “Investigada”. Esta cifra refleja la magnitud del daño y la urgencia de perfeccionar los procesos de investigación, prevención y sanción. A ello se suman reportes recientes que confirman un aumento sostenido en la ocurrencia de siniestros, olas de calor que superan los 30 °C y condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego. Todo esto obliga al sector forestal a replantear con carácter prioritario su rol en la prevención, la respuesta y la recuperación.
La memoria reciente confirma la gravedad del problema. En 2017, Chile enfrentó los incendios más devastadores de su historia, con más de 500 mil hectáreas consumidas entre Coquimbo y Los Lagos, 11 fallecidos y pérdidas superiores a 350 millones de dólares que afectaron plantaciones, infraestructura productiva y ecosistemas de alto valor. Años más tarde, en 2023, Santa Juana se convirtió en el epicentro de otra tragedia: más de 200 mil hectáreas arrasadas, 26 víctimas fatales y un fuerte impacto social y económico en comunidades rurales y en la cadena forestal y agrícola. Estos hitos revelan la vulnerabilidad del modelo forestal y la urgencia de fortalecer la planificación territorial y la resiliencia frente al cambio climático.
La amenaza es territorialmente diversa. En La Araucanía, las alertas se mantienen por altas temperaturas y abundante masa de combustible. En Biobío, la ocurrencia ha crecido de manera notable: Los Ángeles, Lebu, Hualqui, Tomé, Coronel y Penco concentran la mayor parte de los focos, lo que ha obligado a reforzar patrullajes y coordinación con fuerzas policiales. En Ñuble, aunque la respuesta rápida ha limitado daños en algunos casos, la región sigue siendo vulnerable por la combinación de calor, viento y combustible.
El riesgo se extiende más allá del sur. En Maule, la Alerta Temprana Preventiva se mantiene activa ante episodios de altas temperaturas en cordillera, costa y valle. En la macrozona norte, Limarí registra 19 incendios en los últimos meses, 13 de ellos en Ovalle, equivalente al 70% del total provincial. Aunque la superficie afectada disminuyó respecto al año anterior, el aumento del número de eventos —un 111%— evidencia la necesidad de mantener recursos focalizados. Asimismo, los incendios en la alta cordillera, como el complejo de Alto Biobío, muestran la complejidad logística cuando el combate depende de helicópteros y recursos especializados.
Frente a este escenario, urge una Ley de Incendios que articule prevención, combate, investigación y recuperación, con responsabilidades claras entre Estado, gobiernos regionales, municipios y privados. Debe contemplar un registro público de imputados y sanciones efectivas, además de obligaciones para la gestión del paisaje: franjas cortafuegos, regulación de distancias de plantaciones y promoción de mosaicos productivos que reduzcan la continuidad del combustible.
La prevención comunitaria y la corresponsabilidad son pilares ineludibles. El sector forestal está dispuesto a financiar programas de educación, capacitación en cortafuegos y campañas de fiscalización, junto con mecanismos de apoyo a pequeños propietarios y municipios. La adopción de tecnología —cámaras con inteligencia artificial, drones y análisis de datos en tiempo real— y la modernización operativa de brigadas y flotas aéreas son igualmente prioritarias.
Finalmente, la recuperación post incendio y la mitigación de riesgos hidrológicos deben ser parte obligatoria de la política pública. Restauración vegetal, control de erosión y monitoreo hidrológico son esenciales para proteger cuencas y comunidades. El desafío para 2026 es grande y multifacético, pero con decisión y coordinación podremos reducir la vulnerabilidad del país y garantizar la seguridad de quienes dependen de nuestros bosques.
Ignacio Vera Izquierdo
Gerente General
Forestal Santa Blanca
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
