La COP30, que se celebrará en Belém, en el corazón de la Amazonía, pondrá sobre la mesa dos pilares centrales: limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y asegurar una Transición Justa con financiamiento adecuado. En este contexto, Chile no puede mirar solo a la minería o la energía: la industria forestal de madera aserrada es un activo estratégico para la descarbonización y, sin embargo, enfrenta hoy una presión económica insostenible.
Nuestra madera aserrada no es simplemente un commodity. Es una solución climática concreta: al integrarla en la construcción, sustituimos materiales altamente emisores como el hormigón y aseguramos el secuestro de carbono durante décadas en la vida útil de los edificios. Un sector maderero sólido equivale a un país que cumple con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Además, Chile ha dado pasos importantes en sostenibilidad. Desde marzo de 2025, se implementa un estándar de certificación PEFC que refuerza la trazabilidad y el principio de “deforestación cero”, enviando al mundo la señal de que nuestra producción es responsable.
Sin embargo, esta visión de futuro tropieza con la realidad comercial. La Transición Justa que la COP30 busca promover parece dejar de lado a nuestro sector, que enfrenta dos desafíos críticos:
El primer desafío es la contracción del mercado interno. El estudio “Comercialización de la Madera Aserrada en Chile” del Instituto Forestal (INFOR, 2025) muestra que la producción de 2023 alcanzó 6,89 millones de metros cúbicos, reflejando la debilidad de la demanda interna, golpeada por la crisis de la construcción. Si no logramos dinamizar el mercado nacional, la base de la industria se erosiona.
La solución pasaría por que el Estado reconozca formalmente la madera como material estratégico en vivienda social y obra pública. Esta política de demanda interna inyectaría dinamismo, estabilizaría la industria y aceleraría la descarbonización de nuestras ciudades.
El segundo desafío es enfrentar las medidas arancelarias norteamericanas. La decisión de EE. UU. de aplicar un arancel adicional del 10% a las importaciones de maderas de coníferas desde octubre de 2025 golpea directamente al 83,1% de nuestras exportaciones, concentradas en productos remanufacturados de mayor valor. La medida castiga la competitividad y amenaza la capacidad de inversión de medianos y pequeños aserraderos.
La amenaza colateral es evidente: el desvío de la oferta canadiense, ahora con barreras en EE. UU., podría desplazar la madera chilena en mercados clave de Asia y Latinoamérica, profundizando la crisis.
Chile necesita una defensa comercial activa y urgente. Se debe negociar frontalmente contra este arancel para proteger la capacidad exportadora de un sector clave en la diversificación económica y en el cumplimiento de nuestras metas climáticas. En este sentido, es justo reconocer las gestiones de la Sofofa, lideradas por su presidenta Rosario Navarro, en defensa de la competitividad internacional de la industria forestal.
En síntesis, no podemos permitir que el principal sumidero de carbono de nuestra economía productiva se debilite por falta de visión y acción. Una industria forestal de madera aserrada fuerte, competitiva e innovadora es condición indispensable para que Chile alcance la carbono neutralidad. La COP30 no debe ser solo un espacio para hablar de la Amazonía: es el momento de actuar estratégicamente sobre nuestros propios activos climáticos.
Ignacio Vera Izquierdo
Gerente General de Forestal Santa Blanca
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
