Un fenómeno silencioso, pero crítico para alcanzar las ambiciosas metas de acción climática al 2030, que se discuten por estos días en la COP30 en Brasil, fue puesto en evidencia por un reciente estudio publicado en Nature Ecology and Evolution. En la investigación participaron científicos del Imperial College London, la Universidad de Kent, la Universidad de Sidney y el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), entre otros.
El estudio introduce el concepto de “abandono de la conservación”, que alude a iniciativas públicas, privadas o comunitarias que dejan de cumplir sus objetivos de protección. Incluso, aunque hayan reducido su alcance o permanecido inactivas o sin adecuado manejo, estas iniciativas siguen considerándose operativas y funcionales, lo que infla artificialmente los avances globales en conservación.
En respuesta a la grave crisis de pérdida de biodiversidad, en 2022, 196 países adoptaron el Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal, comprometiéndose a proteger el 30% del planeta frente a actividades extractivas como la minería o la pesca industrial para 2030. Este y otros acuerdos, como el Acuerdo de París, fomentan iniciativas de conservación en todo el mundo.
“Estamos viendo un impulso global enorme para ampliar la acción de conservación, impulsado por miles de millones de dólares en inversiones públicas y privadas. Pero entendemos muy poco sobre cuánto tiempo perduran esas medidas o cómo asegurar su continuidad. Este es un gran punto ciego en la política, la práctica y la ciencia de la conservación; se necesita con urgencia una llamada de atención sobre este tema”, explica el doctor Tom Pienkowski, del Durrell Institute of Conservation and Environment de la Universidad de Kent, co-líder del estudio.
Los autores advierten que el abandono de la conservación ocurre de manera recurrente en múltiples contextos y países, pero sigue siendo pasado por alto, al igual que sus impactos. Hoy solo existen herramientas para rastrear este fenómeno en áreas protegidas estatales, y su aplicación es poco sistemática a nivel global. Además, el estudio destaca que el abandono también afecta iniciativas impulsadas por comunidades locales, donde su monitoreo resulta aún más complejo.
En Chile, por ejemplo, “la asignación de derechos territoriales a organizaciones de pescadores artesanales busca hacerlos aliados en la conservación de los ecosistemas costeros, promoviendo una extracción sostenible. Sin embargo, estimamos que el 22% de los convenios de uso territorial asignados entre 1998 y 2021 fueron descontinuados por incumplimiento de requisitos. Estas tasas de abandono revelan brechas en la política pública pero también resaltan oportunidades para fortalecer el acompañamiento a las organizaciones y asegurar impactos ecológicos y sociales duraderos”, señala María Ignacia Rivera, co-autora del estudio e investigadora SECOS.
“Sin documentar estos patrones, agrega Rivera, no solo corremos el riesgo de sobrestimar los logros de conservación, sino también de perder oportunidades para aprender y mejorar la toma de decisiones”.
“En la medida en que documentemos el abandono de medidas de conservación y estudiemos sus causas, podremos diseñar estrategias que se anticipen mejor a este riesgo e incorporarlo al evaluar nuevas alternativas”, agrega Stefan Gelcich, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, director del SECOS y co-autor del estudio.
Para Matt Clark, investigador de la Universidad de Sídney y co-líder del estudio, “la evidencia sugiere que al menos un tercio de las iniciativas son abandonadas después de solo un par de años de implementación. Este punto ciego puede comprometer los avances anunciados en eventos como la COP, considerando que recuperar efectivamente ecosistemas puede tomar décadas”.
Finalmente, los autores hacen un llamado urgente a crear un sistema global de monitoreo del abandono y del estudio de sus causas, junto con modelos de financiamiento más sólidos y sostenibles, y políticas centradas en resultados. Este llamado resulta aún más importante en el contexto político actual, en el que algunos países se han retirado de acuerdos internacionales y han reducido los fondos públicos destinados a la conservación, como ha sido el caso de Brasil y EE.UU. en los últimos años.
Equipo Prensa
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