Expertos advierten que el incumplimiento del convenio UPOV 91 afecta innovación y comercio agrícola
Un seminario web organizado por Araya & Cía Abogados y la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) reunió esta semana a representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Viveros de Chile, con el objetivo de debatir la urgencia de actualizar el marco legal que protege las variedades vegetales en el país. El encuentro, abordó el impacto del retraso en la adhesión al Acta UPOV 91, compromiso adquirido por el país en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos firmado en 1996, y que sigue pendiente.
Compromisos incumplidos y freno a la innovación
Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, recordó que “Chile lleva 16 años sin cumplir su compromiso de adherir al convenio UPOV 91, asumido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”. Esta omisión, según expuso el panelista, genera incertidumbre regulatoria y resta competitividad a la agricultura nacional. Schindler indicó que el 90 % de las variedades protegidas en frutales cultivadas en Chile son extranjeras, lo que refleja dependencia tecnológica y escasa inversión en fitomejoramiento local.
En términos prácticos, solo el 30 % del trigo sembrado en Chile proviene de canales formales, según Schindler. Así mismo, el representante de ANPROS explico que el resto se comercializa sin respaldo legal, lo que implica evasión fiscal, riesgo sanitario y desincentivo a la innovación. Complementó, además, señalando que la falta de protección efectiva reduce el interés de empresas e investigadores por desarrollar nuevas variedades vegetales adaptadas al contexto climático y económico del país.
Obstáculos legales y desafíos institucionales
Desde el sector público, Manuel Toro, encargado del Registro de Variedades Protegidas del SAG, explicó que el sistema actual permite inscribir derechos de obtentor, pero su protección efectiva enfrenta barreras. “Cuando vulneran tu derecho, ya escapa de las manos del servicio, porque cualquier infracción. Es un delito”, indicó, remarcando que muchas querellas en propiedad intelectual vegetal no avanzan judicialmente por la complejidad del tema.
Toro también advirtió sobre nuevas formas de comercio ilegal. “Hoy casi todo el comercio es online. Eso hace mucho más difícil fiscalizar”, señaló, en alusión a los canales digitales que han desplazado la venta tradicional de semillas. A pesar de ello, sostuvo que el SAG está técnicamente preparado para implementar UPOV 91: “No hay grandes diferencias en los requisitos para inscribir variedades. Lo que cambiaría sería el fortalecimiento de la cooperación internacional”.
Impacto económico y urgencia de adaptación
Desde el ámbito legal, José Tomás Leyton, abogado jefe de propiedad intelectual en Araya & Cía, afirmó que “la adaptación a UPOV 91 es uno de los desafíos más urgentes para Chile”. Según Leyton, este incumplimiento ya tiene consecuencias en materia de comercio internacional y acceso a inversión extranjera. “Sin incentivos claros para la innovación y sin un marco legal robusto, corremos el riesgo de quedar fuera de las principales cadenas productivas agrícolas del mundo”, advirtió.
La necesidad de alinearse con estándares internacionales fue compartida por varios panelistas, quienes destacaron el rol estratégico de la propiedad intelectual agrícola. “El desarrollo de una nueva variedad vegetal puede tomar años de investigación y miles de dólares… por eso su protección legal es indispensable”, recalcó Leyton. A su juicio, perfeccionar la normativa requiere no solo voluntad política, sino también alianzas público-privadas sostenidas.
Comercialización global y presión por cumplimiento
La perspectiva exportadora fue abordada por Margarita Torres, encargada de comercio exterior y propiedad intelectual vegetal de Viveros de Chile, quien señaló que “en la temporada 2024–2025, el 98 % de la uva de mesa exportada corresponde a variedades protegidas inscritas”. Según Torres, el recambio varietal ha sido clave para acceder a mercados exigentes como China, pero este dinamismo podría estancarse sin un marco legal actualizado.
Torres enfatizó la urgencia de avanzar hacia el Acta 91: “Chile debe seguir avanzando en las actas que vienen… estamos totalmente comprometidos para que esto suceda en el corto plazo”. Agregó que el cumplimiento legal no solo responde a obligaciones comerciales, sino también a la necesidad de sustentabilidad y seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático.
Casos concretos de innovación nacional
Desde el sector científico, Christian Alfaro, subdirector nacional de I+D del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), subrayó los avances locales pese al marco normativo limitado. “La nueva variedad de trigo primaveral es fruto de más de 15 años de investigación”, explicó. También destacó el desarrollo de una alfalfa adaptada a ambientes mediterráneos con restricción hídrica, una innovación pionera para el país.
Alfaro advirtió que la autonomía genética está en juego: “Un país que deja de hacer genética pierde su autonomía”. Agregó que muchas de las investigaciones actuales se sostienen gracias al apoyo privado, lo que refuerza la necesidad de establecer mecanismos legales que protejan los resultados del fitomejoramiento y estimulen la inversión sostenida a largo plazo.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
