Para lo que desconocen el tema, UPOV (Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales) es un organismo internacional que se encarga de proteger los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades de semillas y plantas. Es un sistema que reconoce y protege a quienes desarrollan nuevas semillas o variedades vegetales, dándoles derechos exclusivos para su explotación comercial durante un período determinado.Para los que conocen otros rubros, como por ejemplo el farmacèutico , es la “ propiedad intelectual” sobre el avance genético de una semilla o planta. Nuestro país en el año 1978 se adhirió a la llamada UPOV 78 que fuè más flexible. Y permite al agricultor guardar semilla para uso propio. Más adelante, en el año 1991 surgió una nueva directiva del organismo que es más restrictiva, fortalece los derechos del obtentor y limita el uso propio sin pago de regalías. Hoy el gobierno está decidido a lograr, a través del Congreso la adhesión a esta nueva versión del organismo que se denomina UPOV 91. La discusión sobre la adhesión de Argentina a UPOV 91 parece acercarse a un punto de definición. En los hechos, el debate sobre su conveniencia o no comienza a quedar atrás frente a una realidad política: el avance es, en gran medida, inevitable. El gobierno cuenta en el Congreso, aparentemente, con los votos necesarios para lograr este objetivo. Todo indica que Argentina se encamina a adherir a UPOV 91. Insistir en esta discusión binaria por si o por no, parece ser irrelevante, aparentemente la decisión está tomada, pareciera que es tarde. Tenemos que ser pragmáticos, sin por eso abandonar nuestros principios, e intentar, ante un hecho aparentemente consumado, introducir cambios o acompañamientos al Proyecto, en forma consensuada, como una manera de aprovechar esa oportunidad y mejorar realmente la legislación vigente. La Ley actual de Semillas lleva el número 20.247 y fuè sancionada en el año 1973, hace más de 50 años. Es lógico pensar que la situación actual es muy diferente a la que regía en aquel entonces y eso debe corregirse actualizándola. Nadie puede desconocer esto.
Sin embargo, reconocer la necesidad de un cambio no implica desconocer los riesgos. Todo cambio siempre los implica.
La pregunta relevante ya no es si el país debe adherir o no, sino en qué condiciones lo hará y qué arquitectura de políticas acompañará esa decisión. Y si esa decisión debe ser acompañada con otros cambios, mucho más importantes que la adhesión en sí misma.
Debemos, por lo tanto, orientar la discusión sobre la base de un hecho que parece consumado. Lamento que muchos no estarán de acuerdo, pero asumo una actitud realista, pues pretendo introducir ideas en este debate. Ideas que promuevan un cambio, mejoradores, por supuesto desde mi humilde óptica personal, cambios que sin dudas son inminentes, pero que pueden ser distintos si podemos superar lo que el gobierno se propone.
UPOV 91, en sí misma, no resuelve los problemas estructurales del sistema del uso de semilla en Argentina. Tampoco es, como a veces se plantea, una amenaza directa al ambiente. Esto último es cierto en un marco de no control por parte del sector público. Es un sistema de propiedad intelectual diseñado para fortalecer los incentivos a la innovación en genética vegetal. En realidad, es un marco de protección para grandes empresas semilleras, que exigen esto para desarrollar sus inversiones. En su medida no parece ilógico.
Y este punto es crucial.
En un escenario de creciente variabilidad climática, con cambios climáticos pronunciados y evidentes, eventos extremos más frecuentes y presión por aumentar la productividad, la genética se convierte en un insumo estratégico. Sin reglas claras que protejan la inversión, difícilmente se sostenga un flujo de innovación capaz de responder a estos desafíos. La tecnología tiene un costo de investigación que debe ser tenido en cuenta.
Entonces, cambiemos la pregunta:
¿cómo implementamos cambios en esa adhesión, sin romper el sistema productivo, de incentivos para la inversión, ni agravar los problemas ambientales, que aparecen como peligros en esta decisión Sin violar derechos históricos? ¿Cómo logramos ese equilibrio?
Porque ahí está el verdadero desafío.
UPOV 91, por sí sola, ordena la propiedad intelectual y mejora los incentivos a invertir en genética. Eso es necesario. Sin inversión no hay innovación, y sin innovación no hay adaptación al cambio climático ni crecimiento productivo. Esto es indiscutible.
Pero también es cierto que, mal implementado el cambio, puede empujar a posibles resultados no deseados:
– Más concentración de la actividad
-Menor reconocimiento de la importancia del productor en el sistema
– Menos diversidad
– Sistemas más intensivos que priorizan la productividad
– Y más presión ambiental, que puede ser alterada
Y esto último no es un tema menor. Hoy la licencia social del agro se juega en el ambiente.
Entonces, si avanzamos —como todo indica—, hay tres condiciones que deberían ser igual o más importantes que la propia adhesión.
Primero:
El “derecho del agricultor”.
No se puede eliminar el “uso propio” de un día para el otro. Eso sería desconocer cómo funciona el agro argentino.
El camino razonable es otro:
– “Uso propio” permitido, pero limitado a la propia explotación. No se puede sostener un “uso propio” irrestricto que termina desfinanciando la innovación. Pero tampoco eliminarlo, porque eso rompe la lógica productiva argentina, especialmente en sistemas mixtos y en productores medianos y pequeños.
–Regalías sustancialmente más bajas o diferidas. Equilibrio entre los intereses de los obtentores (Semilleros) y los usuarios (Productores)
– Sistemas simples en los tramites de certificación, sin burocracia.
– Fuerte control sobre la multiplicación ilegal comercial, hablando en “criollo”, controlar la comercialización de la llamada “bolsa blanca” (que en realidad debería llamarse “bolsa negra”, sin papeles, sin factura, sin trazabilidad, nadie es responsable, de “mano en mano”) que se ha expandido en forma generalizada, y atenta contra la trazabilidad y la calidad de la semilla sembrada. Nota aparte, cuando se fundó el Inase (Instituto Nacional de Semillas), la conducción del mismo ejercida por la Ing. Agr. Adelaida Harries implementò un sistema de control realmente eficiente y la denominada “bolsa blanca” tenía muy escasa, por no decir nula circulación, debido a una tarea ejercida con gran eficiencia por el organismo.
Segundo:
El capítulo ambiental.
Si no se regula, el sistema naturalmente va a maximizar rendimientos de corto plazo. Se lo va a priorizar sobre la sustentabilidad, ya hemos hablado de esto en artículos anteriores. Y eso ya sabemos a dónde lleva.
Entonces:
– Buenas Prácticas Agrícolas obligatorias, medibles y auditables.
– Incentivos a rotaciones reales.
– Métricas de sustentabilidad medibles. Trazabilidad.
-Captura de emisiones de Carbono
– Integración con financiamiento y seguros
La clave es simple: no alcanza con producir más, hay que producir mejor, con sustentabilidad, protegiendo el medio ambiente, originando alimentos sanos, de calidad e inocuidad. Todo medible. –
Tercero:
Gestión del riesgo.
Un sistema más tecnificado también es más costoso.
Y sin un Seguro Agrícola Multirriesgo serio, el productor queda más expuesto.
Por eso:
– Seguro Multirriesgo con apoyo público
– Herramientas financieras asociadas
Sin eso, el cambio se vuelve inviable para muchos.
La conclusión es incómoda pero clara:
UPOV 91 no es el problema.
El problema sería implementarlo solo. Esa debe ser la tarea de los que aspiramos a mejorar un mercado, que necesita una renovación en sus reglas legislativas pues la modernidad así lo exige. Detenernos solo en la adhesión, criticarla, limita las posibilidades y nos hace perder la oportunidad de un cambio, ante un hecho prácticamente consumado, de introducir verdaderas mejoras consensuadas en la legislación que nos ponga a la altura de las más modernas del mundo desarrollado. No perdamos esa posibilidad.
Si el gobierno avanza —y todo indica que lo hará—, la discusión ya no es ideológica. Es de diseño. Y ahí está la oportunidad. Pongamos nuestras energías en intentar esos cambios necesarios. Propongamos que esa adhesión vaya acompañada de verdaderos cambios que mejorarán sin duda la legislación sobre el uso de semilla en nuestro país. Que la Ley sea una Ley Marco de Semillas, que acompañe al sector agropecuario, por lo menos por los próximos 30 años, y no sea hoy un motivo de puja partidaria que desvirtúa el debate y lo rebaja a niveles que no le sirven al sector.
Porque lo que está en juego no es una ley de semillas. Es el modelo productivo de los próximos años.
Equipo Prensa
Portal Innova
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