Chile enfrenta una transición energética necesaria. La incorporación de energías renovables, especialmente la generación solar fotovoltaica, es fundamental para reducir emisiones, avanzar en la descarbonización y fortalecer la seguridad energética. Pero esta transformación también nos obliga a formular una pregunta desde la ingeniería agronómica: ¿qué sectores estamos utilizando para producir energía y qué funciones productivas y ecosistémicas cumplían esos suelos antes de ser intervenidos?
La Región de Valparaíso constituye un territorio estratégico para esta discusión. El Catastro Frutícola 2026 registra 44.824 hectáreas de superficie frutícola, equivalentes al 11,7% de la superficie frutícola nacional. Dentro de ellas destacan 20.255 hectáreas de palto, 7.488 de uva de mesa y 5.294 de nogal. La superficie frutícola regional, además, presenta una disminución respecto de 2020, cuando alcanzaba 49.051 hectáreas.
A esta superficie se suman aproximadamente 10.200 hectáreas destinadas a horticultura, configurando un patrimonio agrícola que no puede evaluarse únicamente por su valor económico. Son suelos que sostienen producción de alimentos, empleo rural, actividad comercial, servicios ecosistémicos y seguridad alimentaria.
Paralelamente, la expansión de la infraestructura fotovoltaica ha adquirido una escala territorial relevante. Antecedentes disponibles señalan que la intervención asociada a plantas solares en la región supera las 3.000 hectáreas de formaciones xerofíticas, particularmente durante los últimos años. Esta cifra debe interpretarse correctamente: no significa que todas esas hectáreas correspondan a suelos agrícolas ni que todas hayan perdido definitivamente su capacidad productiva, pero sí evidencia la dimensión territorial que está alcanzando la infraestructura energética.
Los proyectos actualmente sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental permiten dimensionar esta expansión. Quinquimo Solar contempla 200,2 hectáreas y 127,7 MWp en La Ligua-Papudo; Solar Alicanto considera 110,7 hectáreas y 70 MW en Casablanca; Ritoque Solar alcanza 140,23 hectáreas en Quintero; y Vernazza considera 134,98 hectáreas para la planta, además de 10,85 hectáreas asociadas a su línea de transmisión.
Desde la agronomía, el análisis de estos proyectos debe ir mucho más allá de la superficie del polígono. Es necesario caracterizar capacidad de uso del suelo, profundidad efectiva, textura, estructura, pedregosidad, pendiente, drenaje, salinidad, materia orgánica, susceptibilidad a erosión, capacidad de retención de agua y disponibilidad hídrica. Particular importancia tienen los suelos de clases I, II y III de capacidad de uso, por su mayor potencial para cultivos y su condición de recurso productivo estratégico.
Un aspecto técnico fundamental es distinguir entre ocupación superficial e impacto edáfico. Los paneles no necesariamente sellan completamente el suelo, pero la construcción de caminos, fundaciones, zanjas, centros de transformación, plataformas y cercos puede modificar sus propiedades físicas. La circulación de maquinaria pesada puede aumentar la densidad aparente y reducir la porosidad, afectando infiltración, aireación y desarrollo radicular. Asimismo, el escarpe y movimiento de tierras pueden alterar los horizontes superficiales, precisamente donde se concentra una parte importante de la materia orgánica y actividad biológica.
La propia evaluación ambiental ha reconocido esta dimensión. En la revisión del proyecto Solar Ray 1, la SEREMI de Agricultura de Valparaíso observó que una superficie de 70,67 hectáreas quedaría con un uso distinto al natural, señalando que debía evaluarse la eventual pérdida de servicios ecosistémicos y de capacidad para sustentar biodiversidad.
También existe una dimensión hidrológica. En sistemas agrícolas mediterráneos como los de Valparaíso, la relación suelo-agua es crítica. La pérdida de cobertura vegetal, la compactación y la modificación de microrelieves pueden cambiar los coeficientes de escorrentía, reducir la infiltración y aumentar la erosión durante eventos de precipitación intensa. Por ello, una evaluación agronómica debería incorporar balances hídricos, comportamiento de escorrentía, erosividad, infiltración y medidas de conservación de suelo.
La discusión tampoco puede desconocer que la agricultura regional enfrenta restricciones crecientes de agua. En este escenario, cada hectárea de suelo agrícola debe analizarse como parte de un sistema productivo y no solamente como una superficie disponible. Un suelo profundo, con buena estructura y capacidad de almacenamiento de agua posee un valor agronómico que no necesariamente queda reflejado en el precio del terreno.
Esto no significa plantear una oposición entre agricultura y energía renovable. Por el contrario, Chile necesita ambas. La pregunta correcta es dónde instalar la infraestructura energética y cómo minimizar el costo territorial.
Una alternativa que merece mayor desarrollo es la agrovoltaica, que busca compatibilizar producción agrícola y generación eléctrica sobre una misma superficie. INIA ha planteado precisamente esta alternativa frente a la preocupación por la pérdida de suelos agrícolas.
Su implementación, sin embargo, requiere investigación local. No todas las especies ni todos los sistemas productivos responden de igual manera a la reducción de radiación, modificación de temperatura, humedad relativa y circulación de aire generadas por los paneles. La altura y orientación de las estructuras, separación entre hileras, mecanización, disponibilidad de agua, evapotranspiración y respuesta fisiológica del cultivo deben ser evaluadas experimentalmente.
También debemos incorporar una nueva variable: los sistemas de almacenamiento BESS. Proyectos como Vernazza contemplan baterías de ion-litio para almacenar parte de la energía generada durante el día y entregarla al sistema en períodos de mayor demanda. Esto agrega requerimientos de seguridad, accesibilidad, manejo de emergencias y evaluación de riesgos tecnológicos que deben integrarse a la planificación territorial.
Como Ingeniero Agrónomo, considero que la transición energética debe incorporar una visión de suelo y territorio mucho más robusta. Antes de autorizar una intervención debemos saber qué clase de suelo estamos ocupando, cuál es su capacidad productiva, qué servicios ecosistémicos entrega, cuál es su disponibilidad hídrica y qué alternativas territoriales existen.
La planificación debería priorizar terrenos degradados, superficies previamente intervenidas, áreas de menor aptitud agrícola, sectores próximos a infraestructura eléctrica existente y espacios donde sea posible desarrollar generación distribuida. En terrenos agrícolas de alto valor, debería evaluarse seriamente la posibilidad de soluciones agrovoltaicas antes de optar por una sustitución completa del uso productivo.
La energía solar es indispensable para enfrentar el cambio climático, pero descarbonizar no significa dejar de considerar el suelo. Una transición energética verdaderamente sostenible debe reducir emisiones sin comprometer innecesariamente nuestra capacidad futura para producir alimentos.
Valparaíso tiene una oportunidad. Podemos transformar nuestra región en un referente de planificación energética y agrícola integrada, donde la generación limpia conviva con la producción de alimentos, la conservación de suelos, la protección de la biodiversidad y la gestión eficiente del agua.
El desafío no es elegir entre energía y agricultura. El desafío es producir energía sin hipotecar los suelos que necesitaremos para alimentar a las próximas generaciones.
Equipo Prensa
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