COLUMNA DE OPINIÓN · AGRICULTORES UNIDOS DE CHILE A.G.

El Niño de 1877 y la amenaza de 2026: cuando la crisis climática se convierte en un problema de seguridad nacional

Por Camilo Guzmán Martínez · Presidente nacional de Agricultores Unidos de Chile A.G.

La historia tiene una particularidad: muchas veces nos advierte de las tragedias antes de que vuelvan a ocurrir. El problema es que no siempre estamos dispuestos a escucharla.

Entre 1876 y 1878, el mundo enfrentó una de las mayores catástrofes climáticas y alimentarias de la historia moderna. Un fenómeno extraordinario de El Niño, combinado con otras anomalías oceánicas, provocó sequías prolongadas, inundaciones, destrucción de cosechas y hambrunas que afectaron simultáneamente a distintos continentes.

Según una investigación científica publicada en Journal of Climate en 2018, las grandes hambrunas de aquel período estuvieron asociadas a más de 50 millones de muertes, aunque las estimaciones históricas presentan importantes diferencias.

En India, algunas reconstrucciones sitúan la mortalidad entre 12,2 y 29,3 millones de personas; en China, entre 19,5 y 30 millones; y en Brasil, alrededor de dos millones. Estas cifras no corresponden exclusivamente a muertes causadas por El Niño, sino a crisis humanitarias en las que también intervinieron la pobreza, las políticas económicas y las deficiencias de abastecimiento.

¿Qué ocurrió económicamente? Primero fallaron las lluvias. Después colapsaron las cosechas. La pérdida de producción redujo la disponibilidad de cereales y alimentos básicos, destruyó ingresos rurales y debilitó el comercio. Finalmente, la escasez, las enfermedades y la incapacidad de los sistemas de abastecimiento transformaron una crisis agrícola en una tragedia humana.

La investigación histórica identifica un antecedente especialmente importante: la destrucción o el abandono de sistemas tradicionales de almacenamiento de agua y granos contribuyó a amplificar las consecuencias de las malas cosechas.

La gran lección de 1877 es que el fenómeno climático desencadenó la emergencia, pero las condiciones económicas y la falta de preparación multiplicaron sus consecuencias.

Chile tampoco estuvo ajeno. Las inundaciones de 1877 agravaron las dificultades económicas de una nación cuya actividad agrícola dependía fuertemente de las condiciones meteorológicas y del comercio.

2026: una amenaza climática sobre una agricultura debilitada

Casi 150 años después, el mundo vuelve a enfrentar un episodio de El Niño de características extraordinarias.

El 8 de octubre de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, informó que El Niño continuaba fortaleciéndose. Su evaluación asignó un 83% de probabilidad a que alcanzara una intensidad histórica durante el trimestre octubre-diciembre, según el indicador climático utilizado por el organismo.

Esto no significa que necesariamente se repetirán las catástrofes de 1877, pero sí constituye una señal científica que exige preparación.

La diferencia fundamental es que hoy contamos con tecnología, modelos climáticos, sistemas de monitoreo, información económica y capacidad institucional que nuestros antepasados no tenían. Sin embargo, Chile enfrenta esta amenaza con una agricultura tradicional económicamente debilitada.

Durante décadas hemos observado la pérdida de superficie destinada a cultivos tradicionales, el deterioro de los márgenes productivos, dificultades crecientes para acceder al financiamiento y una concentración comercial que limita la capacidad de negociación de los agricultores.

Las distorsiones de mercado no son un problema menor ni pueden continuar tratándose como una discusión secundaria. Las asimetrías entre productores y grandes compradores, la insuficiente transparencia en la formación de precios y las condiciones contractuales desfavorables han contribuido a debilitar la capacidad económica de numerosos agricultores.

En mercados como el trigo, la avena y el maíz, producir no garantiza obtener ingresos suficientes para financiar la siguiente temporada. Y cuando un agricultor pierde capital de trabajo, también pierde capacidad para enfrentar una emergencia.

Las cifras que deberían preocupar a las autoridades

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025–2026 del Instituto Nacional de Estadísticas estimó 593.737 hectáreas de cereales, entre ellas 210.042 hectáreas de trigo blanco, 151.993 de avena y 120.725 de maíz.

Estas superficies representan una parte fundamental de la capacidad productiva nacional. Pero la producción agrícola no depende solamente de las hectáreas sembradas. Depende también de la disponibilidad de fertilizantes, maquinaria, financiamiento, infraestructura, agua, almacenamiento y condiciones comerciales que permitan recuperar los costos.

Un fenómeno climático extremo puede comprometer simultáneamente varios de estos factores. Las lluvias excesivas pueden provocar anegamiento de suelos, pérdidas de nutrientes, retrasos de siembra, enfermedades y dificultades de cosecha. Las sequías pueden reducir rendimientos, afectar praderas y encarecer la alimentación animal.

Si estos impactos coinciden con agricultores endeudados, márgenes estrechos y dificultades para obtener nuevos créditos, el daño puede extenderse durante varias temporadas. La descapitalización agrícola transforma una emergencia meteorológica temporal en una crisis productiva de largo plazo.

El peligro de depender del abastecimiento internacional

Existe otra dimensión que Chile no puede ignorar: nuestra dependencia del comercio internacional para abastecer parte de la demanda de cereales, alimentos e insumos agrícolas.

En condiciones normales, las importaciones cumplen un papel fundamental para complementar la producción nacional. Pero ¿qué sucede cuando una anomalía climática afecta simultáneamente a varios países productores?

La experiencia de 1877 demuestra que las crisis agrícolas pueden extenderse entre continentes. Cuando las pérdidas productivas coinciden, aumenta el riesgo de tensiones en el comercio, dificultades logísticas y encarecimiento de alimentos.

Hoy, además, las cadenas de suministro dependen del transporte marítimo, los combustibles, los fertilizantes y las condiciones geopolíticas internacionales. Por lo tanto, una crisis climática mundial puede afectar a Chile incluso cuando determinados cultivos nacionales no hayan sufrido pérdidas directas.

Aquí aparece un concepto que debemos comenzar a discutir seriamente: la seguridad alimentaria es parte de la seguridad nacional.

Un país que pierde progresivamente su capacidad de producir alimentos estratégicos aumenta su exposición a perturbaciones externas. No se trata de cerrar nuestras fronteras ni de abandonar el comercio internacional. Se trata de comprender que una economía abierta también necesita capacidad productiva interna, reservas operativas, infraestructura y agricultores financieramente sostenibles.

El Estado no puede esperar a que ocurra la emergencia

Chile debe abandonar la lógica de reaccionar únicamente después de una catástrofe. La preparación exige evaluar desde ahora los riesgos por región, identificar los cultivos más expuestos, revisar la capacidad de almacenamiento y establecer mecanismos de continuidad productiva.

También exige enfrentar las distorsiones estructurales de los mercados agrícolas. La Ley del Grano, que hemos impulsado desde Agricultores Unidos, apunta precisamente a fortalecer la transparencia comercial, establecer reglas contractuales claras y utilizar referencias objetivas como el precio de paridad de importación.

El objetivo no es fijar artificialmente los precios, sino avanzar hacia condiciones de competencia que permitan a los agricultores producir, invertir y mantenerse en la actividad. Porque ninguna estrategia climática será suficiente si los productores deben enfrentar las emergencias sin capital, sin acceso oportuno al crédito y sin condiciones comerciales equilibradas.

No olvidemos 1877

La historia demuestra que las mayores catástrofes no siempre ocurren por la intensidad de un fenómeno natural, sino por la vulnerabilidad de las sociedades que deben enfrentarlo.

En 1877, la combinación de sequías, pérdidas agrícolas, pobreza y sistemas insuficientes de abastecimiento contribuyó a una tragedia humana de dimensiones extraordinarias. En 2026, Chile tiene la oportunidad de anticiparse.

Hacemos un llamado al Presidente de la República, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, al Congreso Nacional y a los organismos responsables de la gestión de emergencias a tomar seriamente este escenario.

Necesitamos una evaluación nacional de vulnerabilidad alimentaria, planes de contingencia para cereales estratégicos, monitoreo de inventarios y abastecimiento, financiamiento preventivo, seguros adecuados y medidas que permitan recuperar la capacidad productiva de nuestros agricultores.

También debemos preparar escenarios de interrupción de importaciones, pérdidas simultáneas de cosechas y posibles dificultades de abastecimiento, sin esperar a que estos riesgos se materialicen.

No estamos anunciando una hambruna ni afirmando que Chile repetirá lo sucedido en 1877. Estamos advirtiendo que la seguridad alimentaria requiere planificación antes de que llegue una crisis.

El Niño es un fenómeno climático. Pero permitir que encuentre a nuestro país sin preparación, con agricultores descapitalizados y mercados distorsionados, es una decisión económica y política.

Las autoridades tienen las cifras, la información científica y los antecedentes históricos. No esperemos a que falten los alimentos para comprender el valor estratégico de quienes los producen.

Camilo Guzmán Martínez

Presidente nacional · Agricultores Unidos de Chile A.G.

Fuentes de referencia: Singh et al. (2018), Climate and the Global Famine of 1876–78, Journal of Climate, DOI: 10.1175/JCLI-D-18-0159.1; NOAA, discusión diagnóstica ENSO, 8 de octubre de 2026; INE, Encuesta Nacional Agropecuaria 2025–2026.

Nota editorial: columna de opinión propuesta para revisión y aprobación del firmante antes de su publicación.