Estados Unidos concretó un nuevo golpe a la canasta exportadora chilena. La administración de Donald Trump aplicó una sobretasa del 12,5% a una parte importante de los productos nacionales, entre ellos frutas, vinos, salmones, madera y carnes, reemplazando el arancel provisional del 10% que ya regía para las exportaciones chilenas. El nuevo gravamen tiene efectos directos sobre la Región de Los Lagos, cuyo principal producto de exportación, el salmón, quedó dentro de la lista de bienes afectados.
El impuesto se adoptó tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, sobre la legislación chilena destinada a impedir la importación de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso en terceros países. Es decir, Estados Unidos no acusa a Chile de tener trabajo forzoso, sino de no contar supuestamente con los resguardos necesarios para impedir la internación de productos elaborados bajo esas prácticas en otros países. Esa distinción técnica se convirtió, en los días siguientes, en el centro de una disputa pública de alto voltaje.
Qué productos quedan gravados y cuáles se salvan
El detalle de la medida muestra un impacto desigual según el tipo de producto. Entre los bienes afectados por el nuevo gravamen se encuentran los salmones en distintos formatos, uvas frescas, arándanos frescos, carnes de ave, sal, cerezas frescas, vinos embotellados y cítricos. También quedan gravadas las harinas de pescado, frutas congeladas, tableros de madera, duraznos frescos, arándanos congelados, manzanas, limones, leche condensada, lácteos, inulina, mejillones en conserva y aceite de oliva.
En el otro extremo, la minería salió mayoritariamente indemne. Entre las exenciones destacan los cátodos de cobre refinado, la plata, el yodo, las naranjas frescas, el carbonato de litio, el oro no monetario, el nitrato de potasio y el renio. A ellos se suman los kiwis frescos, semillas, paltas, concentrados de molibdeno sin tostar, sulfato de cobre e hidróxido de litio. En conjunto, estas exenciones representan más del 50% del valor total de lo que Estados Unidos importa desde Chile.
Los nuevos aranceles entraron en vigor este viernes 24 de julio a las 12:01 de la madrugada, hora de Nueva York. La medida alcanza a 60 socios comerciales de Estados Unidos: 43 quedaron con una tasa de 12,5%, como Chile, y 17 economías con un arancel del 10%, entre ellas Argentina, Ecuador, México y Canadá.
Dos ONG chilenas expusieron en Washington
El componente más polémico del episodio no fue el arancel en sí, sino quiénes intervinieron en el proceso previo. Hace dos semanas, una comitiva liderada por la Cancillería e integrada por diversos sectores exportadores participó en las audiencias ante la USTR para intentar persuadir a Estados Unidos de no castigar los productos nacionales. Pero no fueron los únicos: dos ONG chilenas también viajaron a Washington y expusieron ante el organismo, con intenciones distintas.
Se trata de la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y de Ecoceanos, que acusaron la existencia de trabajo forzoso en Chile, especialmente en la salmonicultura y el sector agrícola. Ambas participaron en el panel destinado a organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, detalló el contenido de la exposición. Según explicó, expusieron el registro de abusos laborales y explotación en salmonicultura y agricultura, y argumentaron que el ordenamiento jurídico chileno no contempla las medidas necesarias para hacerse cargo de la existencia de trabajo forzado en la economía nacional. Rudnick aseguró que las organizaciones no solicitaron directamente la aplicación de nuevos gravámenes, pero defendió el uso de la amenaza arancelaria como herramienta de presión para impulsar cambios legales y regulatorios, señalando que «es necesaria la presión para que la economía chilena cumpla los más altos estándares en protección de derechos laborales».
Por su parte, el director ejecutivo de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas Núñez, calificó a la salmonicultura como un poder fáctico que controla territorio, y sostuvo que la industria habría establecido, desde el canal de Chacao hasta Magallanes, una especie de «república paralela». También acusó a la industria de intervenir en la organización de comunidades indígenas para facilitar el avance de nuevos proyectos.
«Deslealtad y falta de patriotismo»: la reacción de los gremios
La respuesta de los sectores exportadores fue inmediata y dura. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, cuestionó frontalmente la actuación de las ONG. «Realmente lo encuentro una deslealtad y una falta de patriotismo con el país tremendo y un desconocimiento de todos los procesos productivos agrícolas y de la salmonicultura», afirmó a Emol.
Walker defendió los estándares de la industria, sosteniendo que Chile cuenta con una agricultura reconocida internacionalmente por su trazabilidad, sustentabilidad y exigencias laborales, y calificó de «una falta de respeto» que ONG locales no lo reconozcan. El dirigente planteó además que detrás de las críticas existiría una motivación ideológica, y lamentó que haya «gente remando para el otro lado» cuando el país necesita fortalecer sus exportaciones.
Desde la industria salmonera, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, buscó separar con claridad los dos planos del debate. «Es muy importante tener claridad absoluta que esto no tiene bajo ninguna circunstancia alguna acusación o duda o cuestionamiento respecto de Chile y del concepto de trabajo forzoso», indicó, explicando que la revisión de la USTR se refiere exclusivamente a si la legislación chilena prohíbe de forma explícita la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso en terceros países.
Seguel advirtió que mezclar ambos temas solo perjudica la reputación del país: «Es muy fácil mezclar temas y generar desinformación que lamentablemente daña muy fuerte la imagen del país», afirmó, y descartó cualquier influencia de las ONG en la decisión arancelaria, señalando que «solamente generaron daño». La dirigenta recordó que la salmonicultura opera bajo más de quince certificaciones para acceder a más de un centenar de mercados.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo respaldó la defensa de los estándares laborales del país. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo que «Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco robusto y un firme compromiso con la prevención del trabajo forzoso y su erradicación». Durante las audiencias, los gremios de Frutas de Chile, SalmonChile, Wines of Chile, la industria forestal y los exportadores de carne argumentaron que los productos nacionales no representan una amenaza competitiva para la producción estadounidense.
Por qué esto pega fuerte en Los Lagos
Para la Región de Los Lagos, este arancel no es un titular económico abstracto: toca directamente la columna vertebral de su economía. La salmonicultura es la principal actividad exportadora regional y una de las mayores fuentes de empleo directo e indirecto en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Una sobretasa del 12,5% al ingreso de salmón chileno al mercado estadounidense encarece el producto frente a competidores como Noruega y puede presionar márgenes en una industria que emplea a miles de personas en la región.
El debate de fondo, además, se libra en territorio propio. Las acusaciones sobre condiciones laborales y la disputa sobre la relación entre la industria y las comunidades indígenas se refieren a un espacio geográfico que es precisamente el sur austral, desde Chiloé hacia Magallanes. La discusión que hoy se ventila en Washington tiene su epicentro material en los centros de cultivo instalados en los mares interiores de la región, lo que convierte este conflicto en un asunto de interés directo para sus habitantes, trabajadores y comunidades.
Fuente: Mirada Sur Tv
Equipo Prensa
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