El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha entrado en una fase decisiva para el sector agroalimentario. Desde el 1 de mayo de 2026, se aplica de forma provisional el Acuerdo Comercial Interino firmado entre la UE y los países del bloque sudamericano: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El pacto abre una nueva etapa comercial, pero llega con una fuerte carga de preocupación para agricultores y ganaderos españoles, que reclaman reciprocidad real, controles efectivos y garantías suficientes para evitar una mayor presión sobre las producciones sensibles.
La Comisión Europea defiende que el acuerdo permitirá reforzar las relaciones comerciales con un mercado de gran dimensión. Sin embargo, para buena parte del campo español, la cuestión de fondo no es solo el acceso a nuevos destinos de exportación, sino el impacto que pueden tener las importaciones procedentes de Mercosur en sectores que ya trabajan con costes elevados, mayores exigencias regulatorias y márgenes estrechos.
Un acuerdo recibido con reservas por el campo
Las reticencias del sector agrario no son nuevas. Organizaciones agrarias y entidades territoriales han advertido del riesgo de competencia desigual por las diferencias existentes entre el modelo productivo europeo y el de los países del bloque sudamericano. El foco está en la reciprocidad: los productores europeos reclaman que los alimentos importados estén sometidos a exigencias equivalentes en materia sanitaria, fitosanitaria, ambiental, laboral, de trazabilidad y bienestar animal.
El malestar se ha intensificado en un contexto de mayor presión sobre la rentabilidad agraria. El aumento de los costes de producción, las restricciones en el uso de determinadas herramientas fitosanitarias, la volatilidad de los mercados y la dificultad para trasladar precios en la cadena alimentaria explican que el acuerdo se lea, desde muchas explotaciones, como un nuevo factor de incertidumbre.
ASAJA ha exigido una posición firme frente al acuerdo y ha advertido de que puede poner en riesgo la viabilidad económica de explotaciones agrarias y ganaderas, especialmente si las salvaguardias no permiten una actuación preventiva ante perturbaciones del mercado. También organizaciones agroalimentarias territoriales han reclamado reciprocidad, más control de las importaciones y medidas de protección para los sectores más vulnerables.
Vacuno, aves, arroz, miel y etanol concentran la preocupación
Los productos sensibles son el núcleo del debate agrario. Carne de vacuno, aves, arroz, miel, etanol y otras producciones han centrado las advertencias por el posible efecto de los contingentes preferenciales sobre el mercado europeo.
Bruselas sostiene que el acuerdo no supone una liberalización ilimitada. La Comisión defiende que las importaciones más sensibles estarán sujetas a cuotas y que los productos que entren en el mercado comunitario deberán cumplir la legislación europea en materia de seguridad alimentaria y requisitos sanitarios y fitosanitarios. Aun así, el sector insiste en que el impacto no puede medirse solo por el volumen global autorizado, sino también por el momento de entrada de esas mercancías, su efecto sobre los precios y la capacidad real de vigilancia en frontera.
Para los agricultores y ganaderos, una cuota aparentemente limitada puede generar distorsiones si coincide con momentos delicados de campaña o si presiona las cotizaciones en sectores con poca capacidad de reacción. De ahí que el debate se desplace ahora desde la firma del acuerdo hacia su aplicación diaria.
Las salvaguardias, bajo examen
Para responder a las críticas del sector, el Consejo de la Unión Europea aprobó en marzo el reglamento de salvaguardias agrícolas vinculado al acuerdo con Mercosur. Este instrumento busca proteger a los productores europeos ante aumentos bruscos de importaciones o perturbaciones repentinas del mercado.
El reglamento permite suspender temporalmente preferencias arancelarias si las importaciones procedentes del bloque sudamericano causan o amenazan con causar un perjuicio grave a los productores de la UE. También incorpora procedimientos específicos para productos agrícolas sensibles, con el objetivo de acelerar la reacción comunitaria cuando se detecten desequilibrios.
La clave, sin embargo, estará en su eficacia práctica. El sector agrario reclama que las salvaguardias no lleguen tarde. En producciones con campañas cortas o precios muy sensibles a pequeñas variaciones de oferta, una reacción lenta puede dejar sin efecto la protección prometida. Por eso, el seguimiento de los flujos comerciales, la transparencia de los datos y la coordinación entre Estados miembros serán determinantes.
La lectura exportadora queda en segundo plano
El Gobierno español y la Comisión Europea mantienen que el acuerdo también puede beneficiar a sectores agroalimentarios con capacidad exportadora. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala oportunidades para productos como aceite de oliva, vino, bebidas espirituosas, porcino, frutas y hortalizas, productos transformados y quesos. Según su información, Mercosur eliminará aranceles al 93% de las exportaciones de la UE, mientras que la Unión Europea liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque sudamericano.
Ese potencial existe, especialmente para empresas con estructura comercial, producto diferenciado y capacidad de implantación en mercados exteriores. Pero no neutraliza las reservas del campo. La posible ganancia para determinadas ramas exportadoras convive con la preocupación de explotaciones que se consideran más expuestas a una competencia exterior con menores costes productivos.
En este punto, la lectura española del acuerdo no es homogénea. Industria alimentaria, operadores exportadores y determinados sectores transformadores pueden encontrar nuevas oportunidades, mientras que agricultores y ganaderos de producciones sensibles temen una mayor presión sobre los precios. Esa diferencia de intereses explica la complejidad del debate.
Mercosur tampoco llega sin tensiones internas
La aplicación provisional del acuerdo coincide además con tensiones dentro del propio bloque sudamericano. En la cumbre celebrada en Asunción, el reparto de cuotas de exportación hacia la Unión Europea siguió siendo uno de los asuntos pendientes. Paraguay ha reclamado una mayor participación en los cupos y ha denunciado desventajas logísticas frente a socios con mejores condiciones de acceso a los mercados exteriores.
Ese debate interno añade incertidumbre a la primera fase de aplicación. El modo en que se distribuyan las cuotas, la velocidad con la que se utilicen y el comportamiento de los flujos comerciales serán elementos clave para medir el impacto real del acuerdo sobre el mercado europeo.
Reciprocidad o desequilibrio
El acuerdo UE-Mercosur entra así en una etapa de vigilancia para el agroalimentario español. El problema ya no se limita a estar a favor o en contra del pacto, sino a comprobar cómo se aplica, con qué controles y con qué capacidad de respuesta ante posibles daños al mercado.
Para el campo español, la reciprocidad será la prueba de fondo. No basta con que los productos importados cumplan los requisitos mínimos de entrada en la UE. El sector reclama que no compitan en ventaja frente a explotaciones europeas obligadas a producir bajo normas cada vez más exigentes.
Mercosur ya está en marcha. Ahora, el reto para España será evitar que la apertura comercial se traduzca en una nueva presión sobre las producciones sensibles y garantizar que las salvaguardias, los controles y la trazabilidad funcionen antes de que el daño llegue al mercado.
Fuente : ecomercioagrario.com
Equipo Prensa
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