La Comisión de Agricultura analizó el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural (boletín 17.006).
En términos generales, la norma busca proteger los terrenos agrícolas y regula la construcción de viviendas en zonas rurales. Esto, a través de diferenciar las subdivisiones productivas de las parcelaciones destinadas a fines habitacionales.
En la sesión, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, advirtió el uso frecuente y excesivo de instrumentos que permiten subdividir predios agrícolas en parcelas o lotes de cinco mil metros cuadrados o más. La autoridad señaló que, de acuerdo a los antecedentes de la oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, entre 200 mil y 300 mil hectáreas, de un universo de 1,8 millones de hectáreas de terreno agrícola, se encuentran subdivididas actualmente.
Agregó que, entre 2021 y 2022, se registró un incremento de parcelaciones rurales, superior a los 70 mil lotes o propiedades sujetos a estos procesos de subdivisión. Muchos de ellos, añadió, hoy no cumplen fines agrícolas, sino habitacionales.
En ese sentido, lamentó que los problemas de habitabilidad en el mundo rural no se estén resolviendo a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino, indirectamente, mediante la subdivisión de terrenos agrícolas.
En tal plano, la autoridad manifestó que la cartera considera interesante que la norma en debate incorpore el concepto de residencias o villorrios rurales. Esto para el acceso a viviendas para quienes trabajan en el campo. Precisó que dichas residencias rurales deben contar con servicios básicos, accesibilidad y seguridad. Y, adicionalmente, que si se subdividen terrenos agrícolas, se garantice que mantengan su uso productivo.
Finalmente, informó que están en conversaciones con el Ministerio de Vivienda para determinar cuál será la posición en conjunto respecto al proyecto.
Parcelaciones rurales: resguardar el suelo agrícola
Durante el debate, las y los parlamentarios coincidieron en la necesidad de avanzar en una regulación que permita ordenar las subdivisiones y el desarrollo habitacional, ante el crecimiento de parcelaciones rurales sin una adecuada planificación.
Entre las principales inquietudes, puntualizaron que se construye en sectores que carecen de servicios básicos, conectividad, transporte, acceso a salud y educación. A eso se suman dificultades para enfrentar emergencias y problemas relacionados con el tratamiento de aguas servidas.
Si bien reconocieron que se debe abordar el acceso a la vivienda y apoyar a las familias que buscan permanecer en el campo, se planteó que las soluciones habitacionales deben desarrollarse de manera planificada.
En dicha línea, plantearon avanzar hacia la creación de pequeños centros poblados o villorrios que cuenten con condiciones adecuadas de habitabilidad, con una mayor participación de los municipios.
Por último, coincidieron en la necesidad de una mayor coordinación entre los ministerios de Agricultura y Vivienda para compatibilizar la protección de la actividad agrícola con las necesidades habitacionales.
Equipo Prensa
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