Por Iván Cifuentes, perito judicial y socio de Cifneg Consultores.
No es casualidad. Es una asimetría de información que opera hace décadas en silencio y sobre la cual, nadie dice nada, ni la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ni otras instituciones quienes debiesen velar por los productores.
Las grandes cadenas de distribución y las exportadoras manejan datos de mercado, proyecciones de precios y estructuras contractuales que el productor pequeño o mediano simplemente no tiene. Cuando firman un contrato de compraventa o un convenio de entrega a precio variable, lo hacen muchas veces sin entender que ese documento puede estar diseñado para proteger a una sola parte: la que compra.
Así lo manifiestan los productores, quienes muchas veces no entienden las rendiciones que efectúan las grandes exportadoras, quienes determinan un precio a pagar a productores, unilateralmente, sin entregar detalles y sustentos. Solo se limitan a entregar una liquidación.
¿Existe algún mecanismo para defenderse? Sí, pero pocos lo conocen
El peritaje judicial es una herramienta legal que permite acreditar ante un tribunal – con evidencia técnica y documentada – si el precio pactado fue injusto, si el contrato contenía cláusulas abusivas o si el productor fue perjudicado económicamente de manera demostrable. No se trata de una opinión: es una valorización técnica con peso jurídico.
He visto casos donde productores firmaron contratos con precios fijos que no consideraban variaciones de costos de producción, ni fluctuaciones de mercado. Casos donde la «liquidación final» llegaba meses después con descuentos que nadie había explicado. Situaciones donde el productor asumía que no tenía nada que hacer porque «así funcionan las cosas».
Pero la ley permite más de lo que la mayoría cree
Un perito judicial especializado en valorización de activos y contratos puede reconstruir el daño económico, comparar el precio recibido contra parámetros de mercado y entregar un informe que sirva como base para una demanda o una mediación. Eso cambia completamente la correlación de fuerzas en una disputa.
El campo chileno tiene muchos problemas estructurales que requieren política pública. Pero mientras esas soluciones llegan, hay herramientas disponibles hoy. El productor que siente que fue mal pagado no tiene por qué resignarse. Tiene derecho a pedir que alguien revise los números, con rigor técnico y respaldo legal.
Eso es exactamente lo que hace un perito judicial. Y en el mundo agrícola, ese rol está todavía muy desaprovechado.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
