En medio del debate sobre eventuales modificaciones a la Ley Lafkenche (20.249), y tras la reciente visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt para participar del taller “Diálogo por el futuro del borde costero”, comunidades de pueblos originarios desde la región de Atacama hasta Los Lagos manifiestan su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión. Aunque el Gobierno no presentó indicaciones concretas a la ley, sí adelantó que los cambios en análisis apuntarían a las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la proporcionalidad de las áreas y los mecanismos de acreditación del uso consuetudinario. Frente a este escenario, las comunidades coinciden en una preocupación común: que la discusión pública se ha centrado en narrativas de conflicto y desinformación, dejando fuera la experiencia concreta de los territorios donde los ECMPO ya funcionan como herramientas de gobernanza, conservación y desarrollo local.
Desde distintas comunidades y organizaciones territoriales, el llamado es a ampliar la conversación más allá de una mirada exclusivamente productiva, poniendo en el centro la relación histórica de las comunidades con el mar, la protección de los ecosistemas y la convivencia con otras actividades económicas.
Los ECMPO no entregan propiedad sobre el mar
Uno de los principales puntos que las comunidades buscan aclarar es que los ECMPO no implican propiedad privada sobre el borde costero ni exclusión de otros usuarios.
Desde la Comunidad Indígena Encura Mapu, en Carelmapu, sostienen que existe una distancia importante entre las narrativas instaladas públicamente y lo que ocurre realmente en los territorios. Allí enfatizan que los ECMPO permiten desarrollar acuerdos de convivencia y administración compartida, compatibilizando actividades económicas, pesca artesanal y protección territorial.
“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo. Pero nuestra experiencia demuestra todo lo contrario: la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles, donde exista equilibrio entre economía, ecosistemas y comunidades”, señala José Alberto Molina Hueichán líder de la Comunidad Indígena Encura Mapu, de la región de Los Lagos.
Más allá de la ley: defensa del mar y de las formas de vida costera
En otros territorios, el foco de la conversación ya no está únicamente en la legislación, sino en la defensa de formas de vida profundamente vinculadas al océano.
Desde la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, en la Patagonia, enfatizan que la defensa de los espacios marinos es también una defensa cultural y territorial. Allí sostienen que la protección del mar no puede quedar subordinada exclusivamente a intereses industriales, especialmente en territorios donde las comunidades mantienen una relación ancestral con los ecosistemas marinos.
En esa línea, Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, señala que “para nuestra comunidad Kawésqar el mar no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura. Es parte de nuestra memoria, de nuestra forma de habitar el territorio y de nuestra identidad. Por eso cuando defendemos estos espacios no lo hacemos desde una discusión técnica o económica, sino desde la experiencia de quienes han vivido históricamente vinculados al mar. La protección territorial no puede quedar subordinada únicamente a intereses industriales”.
En Aysén, comunidades indígenas y organizaciones territoriales alertan además sobre el impacto de la salmonicultura y el desequilibrio en el debate público. Señalan que en muchos casos la discusión sobre ECMPO ha sido capturada por intereses económicos, limitando la posibilidad de abrir conversaciones amplias sobre los efectos ambientales, sociales y políticos del modelo extractivo.
“Hoy muchas comunidades sienten que el debate se ha reducido a proteger intereses económicos de corto plazo, mientras se invisibilizan los impactos que ciertas industrias generan sobre los ecosistemas y las formas de vida locales. Los ECMPO no son una amenaza para el desarrollo; son una herramienta para que las comunidades también puedan participar en las decisiones sobre territorios que habitan y cuidan desde hace generaciones”, señala Nelson Millatureo de la Comunidad Indígena Antünen Rain de Aysén.
En el territorio de Lago Budi, organizaciones de mujeres mapuche trabajan actualmente en estrategias para acercar estos temas a jóvenes y comunidades urbanas, utilizando contenidos culturales, relatos locales y el uso del mapuzungun como parte central de la defensa territorial.
En conjunto, las organizaciones coinciden en que el desafío actual exige bajar la confrontación y abrir espacios de conversación más amplios, evitando marcos de “ellos versus nosotros” que profundicen divisiones.
“Lo que está en discusión no es solo una ley. Lo que está en juego es cómo Chile decide relacionarse con el mar, con los territorios y con las comunidades que históricamente los han cuidado”, señala Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar- Coordinación Lago Budi.
En un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los ecosistemas marinos, las comunidades llaman a que cualquier discusión sobre la Ley Lafkenche considere la experiencia de los territorios y avance hacia formas de gobernanza más participativas, sostenibles y de largo plazo.
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