Por Francisca Gebauer M. / Directora Ejecutiva del sistema de gestión CampoLimpio
La agricultura chilena atraviesa un momento de transformación silenciosa, incorporando nuevas formas de gestionar sus residuos. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor cumplió recientemente tres años desde el inicio de sus metas de recolección y valorización, y ese es un buen momento para hacer un balance honesto: qué ha funcionado, qué falta y hacia dónde debemos avanzar.
En CampoLimpio llevamos más de 25 años trabajando en la recuperación de envases fitosanitarios, desde antes de que existiera una ley que nos exigiera hacerlo. Partimos como un programa voluntario, convencidos de que la gestión responsable de estos envases era una tarea impostergable. Cuando se promulgó la Ley REP, esa normativa no vino a enseñarnos algo nuevo, sino a formalizar una práctica que ya llevábamos más de una década construyendo. Hoy, con el 100% de nuestras operaciones bajo el Sistema de Gestión, seguimos aprendiendo de cada temporada.
Hace pocos días reunimos en Curicó a más de 150 personas —agricultores, autoridades, gestores y académicos— para conversar precisamente sobre esto, en el marco del Seminario de Reciclaje y Sostenibilidad Agrícola. De esa conversación surgieron coincidencias importantes. Hay avances reales: mayor fiscalización, nuevas exigencias y una colaboración público-privada que, aunque perfectible, funciona. También hay brechas que persisten, especialmente en las zonas rurales más alejadas, donde todavía faltan gestores, infraestructura de acopio y soluciones de reciclaje pensadas para la realidad específica de cada territorio. Muchos productores pequeños y medianos aún desconocen sus obligaciones o no cuentan con puntos cercanos para entregar sus envases.
Una de estas brechas está en la propia operación del sistema. Los puntos móviles cumplen un rol fundamental para acercar la gestión de envases a los agricultores que se encuentran lejos de un centro fijo. Sin embargo, su implementación requiere autorizaciones sanitarias cuyos procedimientos y condiciones de tramitación no son hoy homogéneos entre las distintas regiones del país. La ausencia de plataformas y criterios comunes puede generar diferencias importantes en los tiempos y posibilidades de despliegue territorial.
Esto significa que, en determinados territorios, el ritmo de implementación puede verse limitado no por falta de demanda, capacidad operativa o voluntad de los actores, sino por las dificultades asociadas a la gestión de estas autorizaciones. En regiones donde ha existido una coordinación más fluida entre los distintos servicios, como el Maule, la operación ha podido desarrollarse con continuidad. En contraste, en regiones como Coquimbo, los puntos móviles llevan prácticamente dos años sin poder implementarse, debido a la imposibilidad de tramitar la respectiva autorización sanitaria.
Esta realidad muestra que el cumplimiento de las metas de la Ley REP requiere un esfuerzo que va más allá del compromiso de la industria y los agricultores. También demanda una coordinación efectiva entre los organismos públicos involucrados y procedimientos que entreguen mayor claridad, certeza y homogeneidad para la operación en terreno. Solo así será posible que el sistema avance de manera equilibrada en todo el territorio y que ningún agricultor quede atrás por el lugar donde desarrolla su actividad.
Y hay algo que no se debe perder de vista: el cumplimiento no se logra solo fiscalizando. Es necesario reforzar la educación y generar incentivos económicos reales que acompañen la exigencia normativa, especialmente para los agricultores más pequeños. En esa línea, nuevas disposiciones del SAG, como la resolución N°243/2025, obligarán a mantener el cuaderno de campo, lo que permitirá una trazabilidad mucho más rigurosa.
Frente a ese escenario, contar con un sistema de gestión formal se vuelve más relevante que nunca: cada folio y cada registro de recepción que se emite no es solo un trámite, sino la prueba que un agricultor necesita para acreditar el cumplimiento normativo ante una fiscalización, y también ante certificaciones de buenas prácticas agrícolas cada vez más exigidas por los mercados.
El desafío que viene, además, es exigente. A partir de 2027, las metas de la Ley REP dejarán de medirse de forma global y se exigirán por materialidad —plástico, papel, cartón y metal—, lo que obligará a todo el sistema a afinar su gestión. Es una oportunidad para hacer las cosas mejor, pero también un llamado a acelerar la extensión de la cobertura en el país y a acercar la trazabilidad a quienes hoy están más lejos de ella.
Es importante destacar que el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra iniciando el proceso de revisión de las metas para envases y embalajes. Esta instancia representa una oportunidad relevante, especialmente porque el contexto actual es muy distinto al de la primera definición de metas. En aquella oportunidad, ante la ausencia de estadísticas nacionales suficientes, estas se establecieron tomando como referencia la experiencia europea. Hoy, a casi cuatro años de la implementación de la Ley REP para envases, contamos con información concreta de nuestra propia realidad: envases puestos en el mercado, tasas de recolección y valorización, infraestructura disponible para la recolección, almacenamiento y transporte, así como capacidad instalada de reciclaje.
Toda esta información constituye un insumo fundamental para definir las metas de los próximos cinco años. El desafío es que estas sigan siendo ambiciosas y promuevan una mejora continua, pero que, al mismo tiempo, estén sustentadas en evidencia y sean coherentes con las condiciones y capacidades reales del país. Solo así podremos establecer metas que impulsen efectivamente el desarrollo del sistema, reconociendo las brechas existentes y favoreciendo un crecimiento sostenible de la gestión de envases y embalajes en Chile.
El seminario también dejó en evidencia que la sostenibilidad agrícola es una tarea que no se logra en solitario. Se necesitan socios que financien la operación, agricultores comprometidos con el triple lavado, gestores que hagan el trabajo en terreno y una autoridad dispuesta a construir, junto a la industria, reglas exigentes pero posibles de cumplir. Ese es, en el fondo, el espíritu que debería guiar esta próxima etapa: una economía circular construida entre todos, en el campo, con quienes la viven día a día.
Equipo Prensa
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